A fines de noviembre el gobierno decidió darle suma urgencia a alrededor de 30 proyectos en el congreso. Dentro de ellos, se encuentra la Ley de Transformación Digital del Estado. En esta nota profundizamos en la historia, procesos y avances de esta nueva ley, la cual cambiará el modo de operar de las oficinas públicas.

108 millones de dólares gasta el Estado en emitir papeles, generar carpetas y guardar documentos, entre otras labores burocráticas. Esta fue una de las tantas conclusiones que se dilucidaron en septiembre de 2017, cuando salió a la luz un documento impulsado dentro del programa de Modernización del Sector Público. El archivo “Requerimientos de un Sistema de Gestión Documental para el Estado”elaborado por el Ministerio de Hacienda y de Secretaría General de la Presidencia, evidenció también en sus más de 150 páginas, que los funcionarios públicos dedicaban entre un 30 y 50% de sus horas de trabajo a procesar documentos.

Fue dentro de este panorama alarmante que el gobierno decidió tomar cartas en el asunto y elaborar su Plan Gobierno Digital con una proyección de cuatro años y en miras al 2022.

El objetivo: optimizar las horas de trabajo, reducir la burocracia y los tiempos de espera de los ciudadanos y, por ende, lograr un Estado más moderno y cooperador. Es decir, trabajar por un sistema más inteligente. Es por esto que a partir de dicho análisis se elaboró un conjunto de recomendaciones, las cuales apuntan a desarrollar soluciones con un alto nivel de calidad en los servicios públicos y que concuerden con las expectativas de los ciudadanos.

Pero, ¿por qué es tan importante este tema para el desarrollo de las Smart Cities?

Una de las características principales de las Smart Cities se traduce en cómo incorporamos las tecnologías a nuevos procesos que permitan una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Un requisito que, sin lugar a dudas, se cumple con la implementación de esta nueva ley, la cual permitiría: “hacer más fácil, más económico y más simple la forma en que se relaciona el Estado y la población”, según señaló el presidente Sebastian Piñera, quien además anunció la implementación de un consejo asesor permanente en lo que respecta a Modernización del Estado.

Parte importante de esto es reconocer la validez de documentos digitalizados que originalmente habrían sido emitidos en papel. Un hecho no menor si consideramos que la actual Ley de archivos data de 1929.

En ese contexto, la realidad internacional y nacional ha cambiado diametralmente desde dicha fecha hasta hoy. Sin embargo, Chile aún mantiene una ley de archivo del siglo pasado, la cual necesita con urgencia ser modernizada para incluir digitalización y nuevas tecnologías, ayudando a diminuir la burocracia asociada a los trámites.

Parte de la conclusión y los informes elaborados por el mismo comité plantearon la idea de transparentar la información y así aumentar la confianza de la población en las instituciones.

SII Chile: pionero y ejemplo de la transformación digital.

Lo que comenzó como un sistema de regulación para evitar la evasión en el pago de impuestos a través de la facturación electrónica, hoy es considerado como uno de los sistemas pioneros de Latinoamérica en lo que respecta a la facturación. Siendo utilizado como ejemplo internacional por países como Colombia y Perú, quienes implementaron este nuevo modelo en base al sistema chileno.

Pero, ¿Cómo se implementan estos cambios?

Primero, el proceso de adaptación a la obligatoriedad de este nuevo sistema fue progresivo y paulatino. Además, fue facilitado por los alrededor de 11 años en que Chile incursionó de manera pionera en esto procesos hasta definirlos como obligatorios a través de la ley 20.727.

  • En enero de 2014 comenzó la obligatoriedad con la adhesión de las empresas públicas y privadas más grandes del país. Los plazos de implementación de cada empresa dependieron de sus ingresos anuales por ventas y servicios; y de su ubicación, ya fuera urbana o rural
  • En noviembre de 2014 se incluyeron empresas con ingresos anuales superiores a los 2.340 millones de pesos
  • Durante agosto de 2016 se incorporaron medianas y pequeñas empresas urbanas.
  • En febrero de 2017 se integraron empresas rurales y microempresas urbanas.
  • Y finalmente, en febrero de 2018 culminó un exitoso proceso de implantación obligatoria de la facturación electrónica con la inclusión de las microempresas rurales al sistema.

Considerando todo lo anterior, estamos seguros que la transformación digital y las nuevas gestiones requieren de grandes modificaciones en lo que respecta al actual sistema. Sin embargo, desde Innovación Ciudad Futuro percibimos este desafío como una oportunidad para analizar y gestionar los cambios que las nuevas sociedades necesitan. 

Súmate al debate de la Transformación digital en Expo – Foro Innovación Futuro este 28 y 29 de marzo, y protagoniza los cambios del mañana.

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